Falta de información y desconocimiento debilitan lucha contra el acoso sexual en el deporte tico
La falta de información y el desconocimiento debilitan la lucha contra el acoso y hostigamiento sexual en el deporte costarricense.
Así lo muestra una encuesta exploratoria donde evidenció la falta de información para el conocimiento y la aplicación de la Ley 9967, normativa contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte.
Durante los Juegos Nacionales realizados en 2024 en Guanacaste, la Comisión Institucional contra el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Deporte (CIHS), adscrita al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), llevó a cabo el estudio para evaluar su alcance.
Uno de los datos más alarmantes revela que un 62,4% de la población encuestada indicó no haber recibido información, por parte de la entidad deportiva, sobre cómo presentar una denuncia por hostigamiento sexual.
El hallazgo se refuerza al considerar que un 57,6% de las entidades deportivas participantes en los Juegos Nacionales admitieron no haber proporcionado "información sobre la Ley 9967 y su reglamento a la comunidad deportiva".
Pese a eso, un 81,2% de las personas encuestadas afirmó conocer la existencia de la normativa, aunque se desconoce el medio por el cual accedieron a esa información.
Todos estos datos fueron expuestos por la Comisión durante una presentación ante el Consejo Nacional de Deporte, realizada el pasado 13 de mayo. Los detalles se consignan en el Acta Extraordinaria número 12 de 2025. El informe no incluye datos adicionales como el número de personas encuestadas, edades u otras variables.
[leer-mas url="https://www.crhoy.com/deportes/deporte-nacional-registro-30-denuncias-por-hostigamiento-o-acoso-sexual-entre-el-2023-y-2024/" caption="Deporte nacional registró 30 denuncias por hostigamiento o acoso sexual entre el 2023 y 2024″][/leer-mas]
Más desconocimiento
Las entidades deportivas justificaron la falta de información dirigida a los atletas debido al "escaso conocimiento de la normativa".
"Además de no contar con reglamentos o protocolos estructurados aunados a la complejidad en la cual se enmarca el contexto de las denuncias", señala el informe.
De acuerdo con la Comisión, esta situación incrementa la vulnerabilidad en el abordaje de este tipo de procesos y afecta directamente a las víctimas.
Otro de los riesgos señalados es la posibilidad de "una posible invalidación del procedimiento aplicado".
Por último, divulgar una denuncia sin seguir el debido proceso puede afectar la credibilidad de la normativa.
