Exjerarcas del Gabinete acumulan 30 causas penales previo a inscribir diputación, Marta Esquivel lidera lista
Gabinete de Rodrigo Chaves en la inauguración del nuevo hospital de Puntarenas. Créditos: CR Hoy
Los exjerarcas salientes del Gabinete de Rodrigo Chaves, el pasado 30 de julio, acumulan 30 causas penales que actualmente están en investigación ante el Ministerio Público, previo a inscribir una precandidatura a diputación con el partido chavista Pueblo Soberano (PPSSO).
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público ante la consulta de CR Hoy.
Se trata de Marta Esquivel, quien lidera la lista; Nogui Acosta; Stephan Brunner; Juan Manuel Quesada y Esmeralda Britton.
Acumulan causas penales
Entre los investigados, en la Fiscalía General están:
Marta Esquivel Rodríguez, exministra de Mideplan, con 12 causas penales:
- 4 por Incumplimiento de deberes
- 3 por Prevaricato
- 1 por Tráfico de Influencias
- 1 por Perjurio
- 1 por Peculado
- 1 por Abuso de autoridad
- 1 por Nombramientos ilegales
Nogui Acosta Jaén, exministro de Hacienda, cuenta con 10 acusaciones penales:
- 2 por Prevaricato
- 2 por Nombramientos ilegales
- 1 por Abuso de autoridad
- 1 por Incumplimiento de deberes
- 1 por Influencia con la Hacienda Pública
- 1 por Fraude de ley en la función administrativa
- 1 por Desobediencia
- 1 por Fraude a la Hacienda Pública
Stephan Brunner Neibig, exprimer vicepresidente, con 5 causas abiertas:
- 1 por Recepción de contribuciones privadas ilegales (remitida a la Sala Tercera)
- 2 por Tráfico de influencias
- 1 por Recepción de contribuciones privadas ilegales
- 1 por Incumplimiento de deberes
Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo del AyA:
- 1 acusación penal por Tráfico de influencias
Por su parte, en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción se investiga a los siguientes exjerarcas:
Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS):
- 1 causa penal por Administración irregular
Juan Manuel Quesada, expresidente del AyA:
- 1 causa abierta por Influencia en contra de la Hacienda Pública
Exjerarcas buscarán una curul
Los exfuncionarios han manifestado su interés por buscar una diputación. Incluso, asistieron a la Asamblea Nacional de Pueblo Soberano, el pasado 10 de agosto, donde se ratificó a la fórmula presidencial, liderada por la exministra de la Presidencia, Laura Fernández.
Cabe aclarar que las inscripciones con Pueblo Soberano para aspirar a una curul inician el lunes 18 de agosto.
Exjerarcas investigados por polémicas causas
Financiamiento electoral indebido
Stephan Brunner, ahora ex primer vicepresidente de la República, figura en varias causas abiertas en la Fiscalía General, incluyendo el expediente 22-000210-0276-PE por presuntos delitos electorales relacionados con el financiamiento de la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, bajo la bandera del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
El pasado 23 de junio, el fiscal general Carlo Díaz Sánchez presentó la acusación formal contra Brunner, Chaves, la diputada Pilar Cisneros, el canciller Arnoldo André, y tres diputados oficialistas: Julio "Waldo" Agüero, Luz Mary Alpízar y Paola Nájera.
El informe preliminar elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) atribuyó posibles delitos por la utilización de dos estructuras paralelas —ajenas al PPSD— para gestionar fondos de campaña. Una de ellas fue el fideicomiso Costa Rica Próspera, vinculado a ATA Trust Company S.A., empresa asociada al canciller André Tinoco. La otra estructura habría sido operada por el empresario Jack Loeb y Sofía Agüero Salazar, exasistente de Chaves e hija del diputado Agüero.
Brunner también fue cuestionado por promover una millonaria póliza de riesgos para altos jerarcas del Gobierno, conocida como la "póliza de la vergüenza", gestionada con el Instituto Nacional de Seguros (INS) por más de ₡248 millones anuales, a través del Ministerio de Hacienda. La Procuraduría General dictaminó que correspondía a la Contraloría General de la República (CGR) resolver sobre su legalidad.
Caso Barrenador
Marta Esquivel fue nombrada como ministra de Planificación
La exministra de Planificación (Mideplan), Marta Esquivel Rodríguez, es imputada en el Caso Barrenador, relacionado con supuestos contratos con sobreprecios entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cooperativas privadas para la administración de 138 Ebáis.
Esto ocurrió cuando Esquivel presidió la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y su junta directiva.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El 23 de septiembre de 2023 se realizaron 28 allanamientos y 8 detenciones, incluyendo a Esquivel, entonces presidenta ejecutiva de la CCSS.
El 10 de octubre, el Juzgado Penal de Hacienda la suspendió del cargo por seis meses, medida que se prorrogó por un año más. Pese a esto, fue nombrada como ministra por el presidente Chaves, quien le otorgó inmunidad al integrarla al gabinete. Esta inmunidad quedó sin efecto tras su renuncia.
Mega caso fiscal
El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, enfrenta un proceso judicial por haber sustentado el llamado "megacaso fiscal" contra el empresario Leonel Baruch Goldberg en información proveniente de la red social TikTok.
En junio de 2023, ante una interpelación en la Asamblea Legislativa, Acosta admitió que la denuncia por evasión fiscal contra la empresa Beta Matrix S.A. se basó, en parte, en un video de esa plataforma. Inicialmente, había declarado que la denuncia llegó por canales anónimos en el sistema digital de Hacienda, sin mencionar la red social.
Además, Hacienda omitió que ya existía un informe previo en donde el caso era desestimado, e incluso se comprobaba que no existía ningún delito tributario qué perseguir, así como que existía una solicitud de desestimación.
Allanamientos
Esmeralda Britton González.
Esmeralda Britton González, expresidenta de la Junta de Protección Social (JPS), figura como investigada en el caso que provocó los allanamientos en la institución estatal el 31 de enero de 2024.
Además de Britton, están siendo investigados Fernández López, Torres Marín, Alcázar Román, Díaz Miranda, Villalobos Ocampo, Chaves Murillo, Ortiz Sánchez, Bustamante Venegas, Robleto Jiménez, Solano Chinchilla, Quesada Varela y Canales Guillén.
La FAPTA dirigió un allanamiento en las instalaciones de la Junta de Protección Social como parte de la investigación que se tramita en el expediente 20-000116-0175-PE.
Específicamente se procedieron a realizar diligencias en la Secretaría de Actas, el Archivo Central y el Departamento de Informática.
De acuerdo con el Ministerio Público, se investigan presuntos delitos de legislación o administración en provecho propio, así como también supuestos casos en contra de la Hacienda Pública.
Cuestionado en el AyA
Juan Manuel Quesada, expresidente del AyA, recibió cuestionamientos por empleados de la institución por un supuesto uso inadecuado de recursos públicos.
En junio, el Sindicato de Trabajadores de Acueductos y Alcantarillados (Sitraa) denunció que la institución gastó casi $93.000 en adquirir un nuevo vehículo para el traslado del presidente ejecutivo de este órgano, Juan Manuel Quesada.
La molestia se debe a que, según apuntan, este dinero se destina pese a varias dificultades que enfrentan trabajadores.
Además, otro de los elementos que causa malestar es que, como parte del pago, el AyA entregó un Toyota Land Cruiser modelo 2017 que aseguran que estaba en excelentes condiciones.
Previamente, en setiembre de 2024, dicho sindicato acusó al AYA de invertir casi ₡50 millones en la oficina de la gerencia general de la institución, cuando existen actualmente 3 lugares del país que se mantienen sin agua desde hace meses e incluso años.
Las suspensiones constantes se dan en Zapote, Pavas y San Vito de Coto Brus. Crhoy.com habló con al menos una familia de cada sector. Todos coincidieron en tener suspensiones diarias del líquido.
Para Mario Rodríguez, secretario general de SITRAA, el problema está en la falta de inversión en infraestructura.
