Estos factores explican la expansión de los precarios en Costa Rica

Hace una década, Ricardo Delgadillo, un hombre de 60 años, vive en el precario "Los Huevitos", ubicado en Río Segundo de Alajuela, cerca del aeropuerto internacional Juan Santamaría.

Junto con su esposa, quien se encuentra enferma, ocupa uno de los muchos ranchos que albergan a más de 250 familias que conviven en ese asentamiento informal.

Don Ricardo, quien trabaja cuidando carros en un restaurante cercano, relató que dejó su país, Nicaragua, en busca de mejores condiciones en Costa Rica.

"Por la situación económica, buscando vida, porque en nuestro país está fea la vara. Yo soy nicaragüense. Trabajo cuidando carros, ese es mi trabajito, con eso me la juego", comentó.

Ha anhelado vivir en otro lugar, pero asegura que su situación no se lo permite.

"No hay fondos. No me alcanza la plata para nada. Me la juego con lo que gano, tengo que rumbeármela", reconoció este hombre mientras se dirigía a su trabajo.

Causas

Las migraciones como la que emprendió don Ricardo hace 10 años son una de las causas de la expansión desordenada de los precarios en Costa Rica en los últimos 12 años.

Así lo señala el estudio Atención de Asentamientos Informales y su Impacto en la Hacienda Pública, elaborado por la Contraloría General de la República (CGR).

Según el análisis, el origen de los asentamientos informales, en los que viven 64.128 hogares, también obedece a:

• Crecimiento poblacional.
• Falta de vivienda asequible.
• Débil gobernanza en urbanismo, uso del suelo y gestión urbana.
• Vulnerabilidad económica y exclusión social.
• Desplazamiento por desastres naturales y cambio climático.

Débil gobernanza

El estudio de la CGR hace especial énfasis en que la gestión pública frente a los precarios ha carecido de una orientación estratégica que articule la administración central, la descentralizada y los gobiernos locales.

"La ausencia de una visión común restringe la capacidad del Estado no solo para prevenir la formación de nuevos asentamientos informales, sino también para anticipar su evolución, contener su expansión y transformar las condiciones existentes", señala.

Esto debilita la articulación entre instituciones clave, obstaculiza la ejecución coordinada de acciones y limita la implementación de intervenciones eficaces.

Al respecto, 18 de 20 municipalidades evaluadas por la Contraloría no han incorporado objetivos ni acciones dirigidas a la atención de los asentamientos informales en sus instrumentos de planificación institucional vigentes.

De acuerdo con la Contraloría, solo la Municipalidad de Cartago incluyó, en su Plan Estratégico de Inversiones Municipales 2025-2028, acciones para efectuar un parque regenerativo en el asentamiento informal "Los Diques".

Por su parte, la Municipalidad de San José, en su Plan de Desarrollo Municipal 2024-2028, establece dentro de sus objetivos mejorar las condiciones de vida de las poblaciones en asentamientos informales en San José, mediante la provisión de infraestructura básica, regularización de tierras y apoyo social.

Durante los últimos cuatro años, destaca la entidad fiscalizadora, ni el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) ni el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) han ofrecido procesos de capacitación dirigidos a actores externos, incluidos los gobiernos locales, en temas vinculados con la atención integral de los asentamientos informales.

Por su parte, la gestión de proyectos dirigidos a la atención de asentamientos informales muestra debilidades que dificultan la toma de decisiones y la priorización de poblaciones vulnerables, afectan la transparencia, la rendición de cuentas y la capacidad institucional para evaluar la efectividad de las intervenciones.

Escaso control

La Contraloría también menciona la limitada capacidad institucional para monitorear la dinámica de los asentamientos informales, lo que impide anticipar y gestionar de manera eficaz este fenómeno, así como generar alertas tempranas.

Los principales problemas identificados son:

• Ni el Mivah ni las 20 municipalidades evaluadas emiten reportes periódicos que permitan monitorear la evolución de estos asentamientos en términos de expansión, reducción o transformación.
• Las 20 municipalidades carecen de instrumentos que posibiliten identificar de manera sistemática y oportuna el comportamiento de los asentamientos existentes y la formación temprana de nuevos.
• No se dispone de guías orientadoras para prevenir la reocupación informal de propiedades estatales, particularmente en zonas de riesgo.
• No existen protocolos de respuesta inmediata ni de coordinación interinstitucional para actuar ante la formación de nuevos asentamientos.

Situación preocupante

Según el Informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2023, suscrito por varias entidades, la situación de los asentamientos informales no ha ocupado un lugar prioritario en las discusiones sobre la realidad social del país durante los últimos años, a pesar de su relevancia, especialmente para miles de hogares que viven bajo esa condición y para otros tantos que enfrentan la amenaza de caer en ella.

"Se debe tomar en cuenta que la dinámica de los asentamientos informales es compleja y se agrava por las debilidades y negligencia de las instituciones y de los gobiernos locales. En la mayor parte de los proyectos de erradicación y reubicación de precarios, los terrenos y las edificaciones (comúnmente llamados 'ranchos') son tomados por nuevos ocupantes, de manera que, a pesar de que se atiende a un grupo de familias, los terrenos y sus edificaciones siguen existiendo y funcionando igual. Esto significa que el asentamiento no llega a desaparecer, lo cual es en gran medida responsabilidad de los gobiernos locales, así como de las instituciones propietarias u otros dueños o responsables de los terrenos ocupados", señala el documento.

La atención de los precarios requiere no solo recursos económicos, sino también estrategias y metodologías adecuadas para encontrar soluciones acordes con las características de cada situación.

Por ejemplo, un 47,4 % —casi la mitad— tienen menos de 50 hogares, aunque representan solo un 10 % de la población que vive en estas condiciones.

"Estas deberían ser situaciones relativamente fáciles de solucionar; no son grupos tan grandes, por lo que no requieren gran extensión de terrenos, sobre todo si se brindan soluciones de vivienda en vertical, que hagan un mejor uso del cada vez más escaso e inasequible suelo urbano", indica el informe.

Los asentamientos de más de 200 familias representan un 15 % del total, pero concentran al 55 % de la población.

Estos casos son más difíciles de atender, pues en ocasiones requieren más terreno, más recursos, mayor organización y apoyos multisectoriales e interinstitucionales, en un marco en el que la gobernanza institucional aún no está del todo definida y en el que el ente rector en la materia, el Mivah, carece de un marco legal sólido que consolide dicha rectoría.

"Los asentamientos informales y la mayor cantidad de población y viviendas en estos se concentran en pocos cantones y distritos, lo que demanda esfuerzos coordinados y estratégicos entre los gobiernos locales y las instituciones nacionales para lograr una atención más integral de esta importante problemática", concluye el informe.