BCR devolvió salario a gerente investigado en caso de crimen organizado, pese a criterio del Tribunal Contencioso

Los dos gerentes de sucursal y un tesorero del Banco de Costa Rica (BCR), detenidos el 17 de septiembre de 2024 como parte del Caso Shark, se mantienen suspendidos de sus cargos, pero continúan recibiendo su salario habitual, pese a que en un inicio se les había separado sin goce de sueldo.

Así lo confirmó la propia entidad bancaria ante consulta de CR Hoy, luego de conocerse que uno de los implicados interpuso una medida cautelar ante el Tribunal Contencioso Administrativo con el fin de recuperar los pagos no percibidos.

Los imputados, de apellidos Zúñiga Brenes, Salas Sandoval y Vargas Mora, figuran como sospechosos de colaborar con una agrupación criminal de la Zona Norte para introducir en el sistema bancario nacional dinero presuntamente proveniente del narcotráfico, utilizando cuentas de la institución estatal.

El expediente 22-000116-1322-PE indaga la participación de 12 personas en la comisión del delito de legitimación de capitales.

Según la investigación, estos funcionarios —de alto rango en las sucursales de Río Cuarto y Santa Rosa de Pocosol— asesoraban a dicha estructura criminal.

En apariencia, usaban sus cargos para facilitar a testaferros de un supuesto líder narco, de nacionalidad colombiana y de apellido Meléndez, la colocación del dinero en el sistema bancario nacional, evadiendo los controles a los que deben someterse todos los usuarios.

"Facilitaban la legitimación de capitales debido al alto puesto que tenían, evidentemente el sistema bancario nacional tiene sus controles, pero estos gerentes, al estar en apariencia en colusión con el grupo general, generaban esto", detalló Randall Zúñiga, director del OIJ.

Aunque se intentó conocer los motivos por los cuales el BCR reanudó el pago de salarios a estos funcionarios, la entidad se limitó a confirmar la información, sin brindar mayores detalles sobre las razones que llevaron a variar las condiciones de suspensión impuestas a los gerentes y al tesorero.

"En respuesta a su consulta y de acuerdo con el artículo 295 del Código Procesal Penal, ‘el procedimiento preparatorio no será público para terceros', razón por la cual no podemos referirnos a las actuaciones propias de la investigación que dirige el Ministerio Público. Con respecto de las personas objeto de su consulta, actualmente se encuentran suspendidas con goce de salario con motivo de la indagación en el mencionado proceso penal", contestaron.

Los agentes de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron las viviendas de estas personas el año pasado como parte de las diligencias que se llevaron contra ellos, en razón del presunto rol que tenían en la estructura criminal.

Gerente interpuso recurso

Mediante la resolución administrativa N.° GCCH-650-09-2024, del 24 de setiembre del año pasado, se había ordenado no continuar pagando el salario a los funcionarios detenidos.

El funcionario de apellidos Vargas Mora, gerente de la sucursal de Río Cuarto, acudió al Tribunal Contencioso el 9 de enero de este año para demandar al banco, luego de permanecer suspendido sin salario durante tres meses, con la intención de que se le restableciera el pago.

Adujo que esa decisión cercenaba su único ingreso familiar y sostuvo que la suspensión sin goce de salario decretada por el banco “constituye una sanción anticipada y vulnera el derecho al salario sin que se haya roto el vínculo laboral, máxime cuando no está restringida su libertad personal”.

Además, justificó que, al estar casado y tener una hija universitaria, pagar un alquiler de aproximadamente ¢250 mil y ser responsable del pago de dos hipotecas sobre la vivienda que comparte con su esposa, la medida lo afectaba de forma desproporcionada.

No obstante, la jueza tramitadora del caso, Alana Fonseca Lobo, consideró que era imposible ponderar su interés individual por encima del interés colectivo, por lo que rechazó la medida cautelar y declaró sin lugar la demanda contra el BCR. De esta forma, hasta el 12 de febrero del 2025, mediante la resolución N.° 01157-2025, se mantenía la suspensión sin goce de salario.

Aun así, cuatro meses después de esa resolución, se conoció que actualmente todos los funcionarios implicados continúan recibiendo su salario, pese a no estar laborando y mientras se encuentran bajo investigación judicial.

¿Cómo operaban?

Los funcionarios fueron detenidos durante la ejecución de 23 allanamientos realizados en San José, Coto Brus, Upala, Mora, Escazú, Aguas Zarcas, Pital, La Palmera, Río Cuarto, Santa Rosa de Pocosol y en un ámbito del Centro Penitenciario La Reforma, en setiembre del año pasado.

En Ciudad Colón, Mora, fue detenido el líder de la organización, un hombre de apellidos Meléndez León, quien figura en la lista de objetivos de alto valor estratégico para la DEA y que, presuntamente, mantiene nexos criminales con carteles de la droga como el Clan del Golfo.

Meléndez León, de 55 años, está incluido en la carpeta CPAC de esa agencia antinarcóticos y era uno de los denominados “7 Tiburones del Pacífico”.

“Este sujeto de apellido Meléndez es un peso pesado; forma parte de la lista de los más buscados por la DEA a nivel mundial, está en el top 50”, explicó Zúñiga.

“Alex” o “Volvo”, como se le conocía, integraba ese grupo bautizado así por las autoridades estadounidenses, conformado por narcotraficantes colombianos y costarricenses que exportaban droga hacia Europa.

Este individuo generaba millonarias ganancias y las invertía en distintos negocios, como piñeras. Supuestamente, también se habría asociado con un pastor evangélico de apellidos Barboza Pilartes para mover dinero sin que fuera detectado por las autoridades.

A través de sus testaferros, “Volvo” contactó a funcionarios bancarios para que operaran desde sus puestos a favor de la organización.

El día de los allanamientos, a los sospechosos se les decomisaron cocaína, marihuana, dinero en efectivo, joyas, vehículos, maquinaria pesada, ganado, armas de fuego y municiones.